Antes de la Segunda Oportunidad, sólo las empresas podían librarse de sus deudas (a través del concurso de acreedores) sin que las personas físicas tuvieran una solución a su alcance.

Por eso, el porcentaje de la población insolvente, quien quiere pagar pero no puede, no dejaba de crecer (quien pierde el trabajo, pide tarjetas y préstamos para sobrevivir y luego no puede cancelarlos, quien avala a su hijo en la compra de un piso y éste no puede pagar, quien monta un negocio que por algún motivo no funciona… Hay tantos casos como personas).

Que el porcentaje de población insolvente fuese tan elevado, representaba un enorme problema para la recuperación económica, porque quien está en situación de insolvencia se ve empujado con frecuencia a la economía sumergida, por tanto no tributa ni cotiza lo que debe, y no puede pedir nuevos préstamos ni consumir con normalidad.

Por ese motivo, la Unión Europea obliga a los estados miembros, entre ellos España, a crear un mecanismo que permita a las personas insolventes empezar de cero y reintegrarse en el sistema económico.